Para atender a esta población, el INR creó el Programa Específico de Atención a la Población Extranjera y Migrante (PROEM).
Según cifras publicadas hoy por el Ministerio del Interior, en Uruguay hay 10.855 personas privadas de libertad de las cuales 333 son extranjeras o migrantes, lo cual equivale al 3% del total. La mayoría de ellos son hombres -301-, mientras que las mujeres son 32. 317 de los 333 provienen de otros países de Latinoamérica.
De ese total, los dos países con más presencia son Brasil y Argentina, con 125 y 92 privados de libertad respectivamente, seguidos por Chile (32) Paraguay (16), México (15), Perú (10), República Dominicana (9), Cuba (6), Venezuela (5), Colombia (5) y Bolivia (2).
12 privados de libertad provienen de Europa y cuatro de África. De los europeos, el grupo más grande provino de España (4), seguido por Italia (2) y hay un preso por cada uno de los países siguientes: Bélgica, Francia, Croacia, República Checa, Rumania y Turquía.
En cuanto a África, tres de los reclusos provinieron de Nigeria y uno de Sudáfrica.
La mayoría de los extranjeros o migrantes que están privados de libertad -144- cometieron delitos vinculados a rapiñas y hurtos en todas sus modalidades y 82 delitos vinculados al narcotráfico.
26 de los presos cometieron delitos sexuales/género/violencia: igual número que por homicidio. Por estafas se apresó a 22 y por delitos vinculados al tráfico y porte ilícito de armas de fuego y municiones a ocho.
También hay ocho personas privadas de libertad en nuestro país cumpliendo arresto administrativo con fines de extradición.
Para atender a esta población, el Instituto Nacional de Rehabilitación creó el Programa Específico de Atención a la Población Extranjera y Migrante -PROEM- en 2017.
El PROEM depende de la Subdirección Nacional Técnica y tiene como objetivo desarrollar líneas de acción y planes focalizados a la intervención socioeducativa con la población privada de libertad extranjera y migrante desde el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad.
El programa contempla un plan específico para cada una de las etapas: ingresos, progresión dentro del sistema y egreso. Asimismo tiene en cuenta situaciones particulares como el caso de madres con hijos, personas en arresto administrativo, refugiadas, y extranjeras sujetas a medidas no privativas de libertad.
Además, PROEM realiza coordinaciones con representantes diplomáticos -embajadas y/o consulados- a los efectos de organizar visitas especiales de sus familiares, coordinando días y horarios de contacto con las personas migrantes para fortalecer los vínculos filiales.
Recepciona la documentación probatoria a los efectos de realizar gestiones como la continuidad estudiantil y/o la solicitud de documentación en el país de origen, normalmente por renovación de los documentos de identidad propios de sus respectivos países.
También realiza coordinaciones con el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL), de ASSE en casos en los que las personas viven agresiones psicofísicas y en situaciones que demandan una atención inmediata.
Así como con las direcciones y subdirección técnica de las unidades penitenciarias, con el Centro de Ingreso Diagnóstico y Derivación (CIDyD), con la Oficina de Libertad Asistida (OSLA), con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), con la Dirección Nacional de Identificación Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migraciones.