Políticos de todos los partidos y expertos en salud se expresaron sobre la resolución del juez que suspendió la inoculación a menores de 13.
Por decisión del juez Alejandro Recarey, el Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió este jueves la vacunación a menores de 13 años. Si bien la cartera apelará el fallo, la resolución se mantendrá mientras se procesa el trámite y un tribunal resuelve en segunda instancia.
Las primeras reacciones llegaron de la mano del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud, Daniel Salinas, casi en simultáneo. Mientras que el primero brindó una conferencia de prensa, en la que afirmó que el fallo es “un disparate”, el segundo tuiteó simplemente “#eppursimuove”, que se traduce a “y, sin embargo, se mueve”. Esta frase hace referencia a una frase que habría pronunciado el astrónomo italiano Galileo Gailei luego de rechazar su convicción heliocéntrica (la Tierra y los demás planetas se mueven alrededor del sol) ante el Tribunal de la Inquisición.
Poco después, representantes de todo el espectro político se pronunciaron también ante la decisión del juez Recarey.
Desde el Partido Nacional (PN), el senador Sebastián Da Silva opinó que el fallo “no tiene goyete”. “La vacunación es VOLUNTARIA. Lo más sagrado de la patria potestad. Velar por la salud de un hijo”, reflexionó el legislador; Sergio Botana, colega de Da Silva, dijo en declaraciones a la prensa que el fallo fue “vergonzoso”, “peligrosísimo” y que no solo pone “en riesgo” a sus hijos “porque se le ocurre a un señor juez”, sino que además “está violando la libertad ciudadana”, valor que primó “durante toda la pandemia”. Por su parte, el diputado Rodrigo Blás se refirió al fallo a favor de dos mujeres que reclamaron no hisoparse para ingresar al país: “Hay cientos de requisitos para poder entrar a cualquier país, ninguno de ellos afecta la igualdad ya que las condiciones son para todos sin excepción”, indicó y añadió que la Suprema Corte de Justicia “debe actuar”.
Los diputados María Eugenia Roselló y Gustavo Zubía, del Partido Colorado, también reaccionaron negativamente. La legisladora señaló que “no solo carece de sustento técnico, sino que el daño que puede generar es incalculable”; en tanto, el exfiscal catalogó el fallo de “desproporcionado” y aseveró que la resolución “implica una carga enorme y la responsabilidad en caso de que las afirmaciones acusatorias no resulten probadas”.
Asimismo, también desde la oposición llegaron las críticas. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, recalcó a través de una publicación en Facebook que la vacunación “frenó un momento trágico en el que día a día morían decenas de compatriotas”. El expresidente del PIT-CNT destacó el consenso científico, político y social que llevó a que nuestro país sea “un referente en vacunación en el mundo” y que “se mantiene intacto” pese a este fallo judicial, al que calificó de “un profundo error”.
Pereira informó que comunicó telefónicamente su visión sobre este tema al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de Fernando Pereira.
Mientras tanto, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos compartió la evaluación que Delgado realizó y, en declaraciones a la prensa, recalcó que la inoculación voluntaria a menores fue una medida sanitaria “evaluada y avalada por un comité de vacunación”, que le “merece la mayor confianza desde el punto de vista científico”. “Creo que es abrumadora la evidencia del efecto positivo que tuvo la vacunación en la contención de la pandemia y especialmente en la caída de los índices de mortandad”, dijo el legislador frenteamplista.
También desde el Frente Amplio, Sebastián Sabini tildó de “insólita, injustificada y sin un solo fundamento serio” la decisión de Recarey, y dijo que tiene la esperanza de que se revierta “pronto” para “evitar males mayores”. Al mismo tiempo, Alejandro Sánchez, también senador del Frente Amplio (FA), dijo en rueda de prensa que “la salud pública está protegida por la Constitución”, por lo que “no se puede impedir que una política” de esta materia “se pueda llevar adelante”. Más allá de ello, apreció que “muchas veces lo que termina sucediendo es que algunos piensan que saben de todo” y apuntó que esto no es únicamente dentro del Poder Judicial, sino que aplica también a la política.
Desde la salud
No solo del ámbito político llovieron las críticas.
La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió un comunicado en donde deja en claro que, desde el punto de vista científico, “no ha existido ningún tipo de cambio que avale esta interrupción” en la vacunación de los niños y, en ese sentido, “mantiene su opinión favorable y recomendación” respecto a la vacunación contra la covid-19. “En el mundo se han vacunado a la fecha millones de niños y la OMS [Organización Mundial de la Salud] la considera segura y efectiva y la continúa promoviendo”, reza el documento compartido. La SUP hará también una conferencia de prensa sobre el tema a las 17:30.
Para el infectólogo Julio Medina, la decisión de Recarey “debilita el escudo de protección” de la salud y expone a las personas de 5 a 13 años “a potenciales riesgos”. Respaldó, además, el plan de vacunación uruguayo contra el covid-19, el cual “siempre ha estado avalado por la ciencia” para “llevar certeza y tranquilidad a la población”. “Defendamos el programa de vacunación”, instó el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República (Udelar).
A nivel del Ejecutivo, además de Salinas también se pronunció el director de Salud del MSP, Miguel Asqueta, quien expresó que “no comparte” el fallo. Además, aseveró que “está basado en desconocer lo que la evidencia científica y millones de vacunas administradas en el mundo demuestran: que son eficaces, seguras y previenen enfermedad grave y muerte”, profundizó.
El asesor de Asqueta, Gerardo López Secchi, manifestó que “el tema de fondo es que un solo tipo puede suspender una política sanitaria global solo porque él no está de acuerdo”. “Se va a la basura el derecho. Pasa a depender todo de decisiones personales de un juez suplente de feria de acuerdo a su posición ideológica. Si él no está de acuerdo, ¿el resto dice amén? Una locura! Muy pero muy peligroso”, recriminó.
El expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Luis Núñez, tuiteó que “un adefesio jurídico le da al triunfo a la ignorancia”, mientras que el especialista en administración de servicios de salud Joaquín Bazzano, asesor en ASSE, criticó que Recarey “se arroga” con su fallo “las profesiones de infectólogo, virólogo, salubrista, epidemiólogo y formulador de políticas”.
Finalmente, el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, tuiteó que el “pensamiento mágico de los antivacunas” puso “en marcha” un mecanismo judicial que “se presta al disparate” de suspender la vacunación. “Vengan con nosotros a los CTI, podemos compartirles el dolor, la enfermedad y la muerte de los no vacunados”, apuntó el especialista en medicina intensiva.
El fallo
En la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, el juez fundamenta su decisión señalando que “la campaña de vacunación es ilegal e inconstitucional”. Asimismo, el magistrado aceptó la demanda presentada por Hoenir Sarthou, que busca detener la solicitud de prueba negativa de covid-19 como condición para regresar a Uruguay a personas no vacunadas en caso de un viaje.
Asimismo, el magistrado pidió que se publiquen “íntegros y sin testados” todos los contratos de compra de las vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos los que tengan que ver con la “composición de la vacuna”.
Finalmente, el fallo sostiene que, para reanudar la vacunación, el gobierno debe cumplir con las exigencias de Recarey, que consistiría en la publicación de los contratos de las vacunas (firmados con cláusula de confidencialidad) y mayor detalle la composición de las vacunas.