La denuncia por acoso sexual se radicó en el año 2017. El denunciado se encuentra jubilado, luego de retirarse con honores.
Una funcionaria policial que trabaja en el área de proveeduría de la Jefatura de Maldonado recibirá una indemnización del Ministerio del Interior, obtenida al cabo de un lago proceso administrativo y judicial.
Los hechos ocurrieron durante la anterior administración, cuando el entonces subjefe de Policía de Maldonado —hoy jubilado— incurriera en acosos contra la mencionada trabajadora.
Según informara la emisora puntaesteña FM Gente, la funcionaria afectada intentó en primera instancia seguir los canales administrativos previstos para tales situaciones. Sin embargo, sus superiores no activaron los protocolos previstos para denuncias de acoso sexual, y tampoco lo hizo el departamento de Asuntos Internos.
Así las cosas, en 2017 radicó una denuncia penal por la que no obtuvo respuesta, razón por la que al año siguiente presentó una segunda, en la que demandaba al acosador y también al ministerio.
La mujer describió hechos que se producían tanto “en la Jefatura como en la vía pública”, y refirió que en una ocasión el jerarca le pidió que le enviara una foto desnuda de cuerpo entero. Asimismo, la sentencia del caso, recogida por el citado medio, hace referencia a “mensajes amenazantes e intimidatorios ante la negativa de cumplir con sus solicitudes”.
“¿Querés volver a la Primera?”, se lee en uno de los mensajes que el entonces subjefe de policía envió a la funcionaria, amenazándola con un traslado que efectivamente se produjo en el año 2020.
Ante las reiteradas denuncias de la víctima, en el año 2019 el Ministerio del Interior abrió un expediente en Asuntos Internos. Para entonces, el acosador se había retirado con honores.
Desde el comienzo de los hechos y hasta la fecha, la funcionaria se encuentra asistida psicológicamente por Sanidad Policial. En el expediente consta la declaración de la psicóloga tratante, quien asegura que “se evidencia la coacción y el abuso de asimetría entre denunciante y denunciado, dada por la diferencia de poder de cargos que ocupaban, lo cual era utilizado por el denunciado para beneficio propio, en detrimento de los derechos de la denunciante”.
El documento recoge también testimonios de compañeros de trabajo, quienes refieren que la denunciante estaba “angustiada y triste” y que su rendimiento laboral se vio afectado por la situación.
En cuanto al ya mencionado traslado de la funcionaria, en la sentencia se recoge que “la hipótesis más ajustada” a lo sucedido indica que se dispuso “como represalia por el acosador codemandado ante la negativa de acceder a exigencias degradantes y ofensivas”.
La víctima lleva tres años en licencia médica, certificada por psiquiatra, algo que sucede porque “toda esta situación configuró un trastorno en la vida personal”, se lee en el documento. “Todos los periplos de actuaciones administrativas calaron hondo” en la mujer, a la que sumieron en “un estado de angustia y estrés, no habiendo sido respaldada por el Estado”.
La sentencia responsabiliza asimismo al Ministerio del Interior, y cita la Ley de Acoso Sexual 18.561, donde se establece que “el empleador o jerarca será también responsable por los actos de sus dependientes o de otra persona vinculada al lugar de trabajo, en tanto haya tenido conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirla”.
En ese sentido, expresa que la situación vivida por la víctima es “el resultado del ilegítimo accionar del Estado ante los actos de acoso”, omisión que “determinó la continuidad y agravamiento de los mismos”. Asimismo, señala “ausencia de medidas disciplinarias por parte del Ministerio del Interior tratándose de un jerarca de alto rango a quien deberían atribuírsele las más altas calidades morales”.
Esta sentencia fue apelada por el Ministerio del Interior, pero el pasado 20 de setiembre la Justicia ratificó el fallo de primera instancia. Así las cosas, la cartera deberá abonar a la víctima una indemnización, en atención al daño psicológico y al perjuicio económico que sufrió durante los últimos años.
Dos días antes de la sentencia, la funcionaria fue evaluada por una junta médica y considerada como “no apta en forma absoluta y permanente para todo trabajo”.
“Me mandó a jubilar”, dijo la funcionaria, que hoy tiene 34 años, en declaraciones al citado medio.