El extupamaro tiene autorizadas desde ayer las visitas solo de familiares.
El médico forense Guillermo López remitió a la Justicia su informe sobre la salud del extupamaro Héctor Amodio Pérez, procesado con prisión por reiterados delitos de privación de libertad.
El profesional no hizo una recomendación precisa. La fiscal Stella Llorente ya se pronunció y su opinión se mantiene en reserva.
La jueza penal Julia Staricco, que pidió en su procesamiento que se conduzca a Amodio ante el forense “a fin de evaluar su estado de salud y eventualmente disponer su prisión domiciliaria”, resolverá en las próximas horas.
El extupamaro, en tanto, continúa en el cuarto piso de Cárcel Central. Hasta ayer, que por primera vez pudo ver a su familia después de nueve días en prisión, solo había estado en comunicación con su defensa.
Según determinó el Ministerio del Interior, ahora puede ver solo a “familiares directos”. De hecho ayer fueron rechazados con ese argumento periodistas que se acercaron a la prisión.
Sin embargo, Amodio sí recibe todos los días la comida que le lleva su familia, ya que padece diabetes y, si bien no es insulinodependiente, realiza una estricta dieta que no se condice con los alimentos de la prisión.
Staricco, además, deberá expedirse sobre la apelación que presentó la defensa de Amodio Pérez el lunes, en la cual rebaten el delito imputado y los argumentos para rechazar la prescripción y amnistía. “Quien cumple una orden de un funcionario estatal que lo determina a colaborar con una detención que en dicho contexto jurídico era lícita, no comete delito de ninguna manera”, dice.
Si la jueza rechaza la solicitud de la defensa de “revocar sus actuaciones” y “liberarlo de forma definitiva”, para lo cual no hay un plazo estipulado, el caso se elevará al Tribunal de Apelaciones.
Polémica.
Tras el procesamiento con prisión del extupamaro el lunes 14, El País consultó a más de media docena de abogados penalistas sobre el fallo de la jueza Staricco. La mayoría se negó a opinar aunque la pregunta se limitaba a hurgar si desde el punto de vista jurídico compartía o no el fallo. Solo los abogados Gustavo Bordes y Gastón Chávez, opinaron y coincidieron. Chávez dijo a El País que más allá del grado de libertad que tuvo Amodio para señalar gente, no hay privación de libertad “cuando se denuncia a alguien como partícipe de un delito”.
El pasado lunes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, aseguró en El País TV que hasta que se dio el golpe de Estado, en 1973, los militares estaban “al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que le había delegado la Ley de Seguridad del Estado para actuar en materia de guerra antisubversiva”, echando por tierra el argumento de la jueza Staricco de que las detenciones en las que habría participado Amodio son ilegales.
Con la mirada de Pérez Manrique sobre la mesa, la consulta de si las detenciones en 1972 eran legítimas, fue para los demás ministros de la SCJ así como a algunos exministros. La mayoría prefirió no opinar, al igual que un nuevo grupo de abogados penalistas consultados por El País.
El doctor Pedro Montano sí opinó y aseguró que las detenciones estaban dentro de la ley. “No comparto los fundamentos jurídicos del fallo porque en aquel momento la Justicia funcionaba legítimamente y por lo tanto no era un delito denunciar a otros delincuentes, sino más bien era cumplir con la carga ciudadana”, afirmó.
El periodista y ex preso político Jaime Secco, en tanto, aseguró días atrás en una columna en el portal Uypress, que Amodio Pérez “estaba preso cuando apuntaló a compañeros militantes que a su vez fueron aprehendidos. El pedido de procesamiento se fundamenta en que él era consciente de que las personas que colaboró a apresar iban a ser maltratadas y eso lo convierte en coautor. Creo que es un razonamiento peligroso. Decenas y quizá centenas de compañeros fueron torturados hasta más allá de sus fuerzas morales y dieron nombres o datos que sabían que iban a ser usados para nuevas torturas. Reprobable. Pero si los perseguimos como coautores, estamos convirtiendo a víctimas en victimarios”.
Secco, quien deja claro su desprecio por Amodio Pérez, advierte que el extupamaro lo hizo a gran escala y traicionando, pero afirma que eso “es un delito moral y durante los últimos siglos el derecho penal ha ido separándose de la moral. Una diputada católica española lo dijo mejor que yo al votar la despenalización del aborto: Es posible que las mujeres que aborten deban ir al infierno, pero no a la cárcel (…) Honor y gloria a quienes resistieron a la bestia. Quienes no, puede ser que vayan al infierno, pero la cárcel no es su lugar”.
El abogado y escritor Hebert Gatto, también opinó sobre el caso y calificó a la sentencia y, sobre todo, a la acusación fiscal, como un “verdadero dislate jurídico” y “una horrorosa sentencia desde el ángulo jurídico, y muy peligrosa, políticamente hablando”.
“Falsifica la historia y consagra un nuevo delito: la traición al MLN”, afirma Gatto.