Recurrieron una vez más ante la CIDH por “gravísima” violación de DDHH. Juan Peirano pide el archivo de su causa.
La familia Peirano y el grupo económico que encabezaba (conocido como Velox) estuvieron en el ojo de la tormenta durante la crisis de 2002, que provocó el cierre de dos bancos (Montevideo y Caja Obrera), la desaparición de los ahorros de numerosos ciudadanos y el país entero al borde del default y afrontando una terrible escalada de pobreza.
El Caso Peirano es considerado como la mayor crisis bancaria uruguaya, una estafa cuyo monto se calculó en más de 800 millones de dólares, además de otras consecuencias que no se pueden traducir tan fácilmente en números precisos, como la precarización de la economía del país, el aumento de la pobreza y la pérdida de confianza en el sistema financiero del país.
Las empresas que tenían los Peirano eran sociedades anónimas de tipo cerrado de índole familiar en que más del 70 % de las acciones eran de Jorge Peirano Facio. Este último contrajo matrimonio con Vanda Alva Basso y tuvo siete hijos. Cuatro de ellos, Juan, Jorge, Dante y José Peirano Basso, se repartieron el resto de las acciones y participaciones de las compañías. Otros familiares también fueron accionistas y ocuparon los cargos de directores y administradores.
En agosto de 2002, luego de que se produjera el recordado “corralito” bancario, el padre y los cuatro hijos fueron citados a declarar en el juzgado de la calle San José 1132 y se les solicitó una orden de captura. Todos fueron detenidos, menos el hermano mayor, que se dio a la fuga. Peirano Basso, con doble nacionalidad uruguaya e italiana y entonces de 56 años, fue arrestado en Miami en 2006 para su extradición por solicitud de la jueza uruguaya Gatti Santana, perteneciente al Penal de Séptimo Turno. Sus hermanos Dante, José y Jorge, acusados también por fraude bancario, se encontraban en prisión en Uruguay desde agosto de 2002.
El caso de los Peirano se eternizó en los tribunales y la sentencia firme sólo llegó en el año 2017, cuando Dante y José Peirano Basso fueron condenados por el desvío de varios millones de dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar. En el caso de Juan Peirano, considerado el jefe del grupo, 15 años no bastaron para que concluyera la investigación en su contra, por lo que aún no hay una sentencia que lo condene o lo absuelva.
En ese tiempo, las vicisitudes del caso fueron numerosas y algunas casi cinematográficas. Tres de los Peirano fueron procesados y encarcelados, otro se fugó a Estados Unidos y fue extraditado años más tarde, el padre falleció en la cárcel y su cadáver fue exhumado ante dudas sobre su identidad, el juez de la causa fue recusado y decidió apartarse en medio de una polémica política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó a Uruguay por el tiempo excesivo de la prisión preventiva, una ley eliminó el delito que se les imputaba y la causa fue clausurada por un tribunal, la Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás, cambiaron los fiscales y los abogados defensores, los hermanos fueron acusados, condenados y luego casi olvidados por la prensa.
Hoy, a casi 20 años de la debacle financiera -que terminó con los bancos Montevideo y la Caja Obrera intervenidos por el Banco Central y con miles de damnificados que perdieron sus ahorros-, los cuatro hermanos se encuentran batallando en el plano local e internacional las investigaciones en su contra.
Según informa este jueves el Semanario Búsqueda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene a estudio una petición presentada por Jorge, Dante y José Peirano en la que demandan que se declare la nulidad de sus condenas y que el Estado uruguayo les otorgue una “reparación integral” y una “disculpa pública”. En el reclamo, aseguran que sus derechos humanos fueron violados de manera “gravísima” debido a la extensa duración de las causas penales, en “clara contravención al plazo razonable” del proceso.
Un argumento similar planteó la defensa de Juan Peirano en un escrito presentado esta semana ante el juzgado penal de 23er turno. En el documento, consultado por el citado medio, el abogado Daniel Sellanes pide a la jueza Isaura Tórtora que “disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones” debido a la violación del principio del “derecho al plazo razonable en el proceso penal”. Es que la causa en su contra se inició en 2006, con el pedido de extradición a Estados Unidos, y el expediente todavía se encuentra en trámite. Incluso, aún está pendiente que la Fiscalía presente una acusación -o eventualmente desista de ello- ante la jueza, un paso previo a que esta resuelva si condena o absuelve a Peirano.
Es la segunda vez que miembros de la familia Peirano recurren a la CIDH. En la primera ocasión denunciaron el tiempo excesivo de prisión preventiva (sin condena) al que fueron sometidos, y les fue bien.
Ahora, los Peirano piden a la comisión que repare “la gravísima violación a los derechos humanos” que les provocó el proceso penal. El escrito, presentado por el abogado uruguayo Pablo Donnángelo y los argentinos Carlos Varela Álvarez y Carlos de Casas, sostiene que la sentencia que los condenó “adolece de nulidad absoluta, en tanto acto procesal que pone ‘fin’ a un proceso penal seguido en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”.
En la denuncia, que fue presentada a fines de 2017 y actualmente se encuentra a estudio de admisibilidad, los tres hermanos piden que se recomiende al Estado anular el proceso y eliminar sus antecedentes penales. En caso de que Uruguay incumpla con las recomendaciones, piden a la CIDH que eleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los diversos cuestionamientos sobre el proceso, señalan que la Suprema Corte “se tomó tres años para decidir el recurso de casación que finalmente desestimó”. Además, critican la “indebida injerencia” de altos jerarcas del Poder Ejecutivo que tomaron la “‘causa Peirano’ como botín político”, las medidas basadas en “la alarma pública” o el “grave daño social”, la “discriminación legislativa” de la que fueron víctimas cuando se los excluyó de una ley que buscaba descongestionar las prisiones y el cambio de imputación penal para “justificar una prisión injustificable”.
Finalmente, la petición se detiene en la “excesiva duración del proceso”, que no encuentra “justificación de índole alguna excepto en la propia falta de diligencia de la sede de primera instancia en la conducción del proceso”. “Cómo se explica” si no que cuando los hermanos “llevaban ya casi 1.000 días de privación de libertad, del expediente judicial no surgía una sola constancia de actividad procesal de índole alguna encaminada al esclarecimiento de los hechos imputados”.
Paralelamente al reclamo descrito, Juan Peirano todavía tiene pendiente la resolución de su caso y aspira a que el tiempo juegue a su favor. La causa por la cual fue procesado en 2008 por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta”, ha tenido pocos avances. El expediente consultado por Búsqueda indica que está pendiente una prueba solicitada por su abogado a Estados Unidos para que informe si en ese país existe una ejecución de sentencia extranjera en la que se condene a Peirano “a pagar sumas de dinero a la liquidación del Trade & Commerce Bank”, una institución financiera en Islas Caimán que era parte del grupo Peirano.
El pasado 10 de diciembre el fiscal Luis Pacheco, que recientemente asumió competencia en la causa al pasar a una de las fiscalías que atienden los casos iniciados antes de la reforma del proceso penal, solicitó a la jueza que deniegue el diligenciamiento de esa prueba debido a que “se trata de un exhorto librado en 2012 y reiterado en varias oportunidades, sin contestación”. El fiscal argumentó también que la causa ya ha “insumido un plazo de duración que excede lo razonable”.
“Mal puede un fiscal subrogante, que no ha dado pruebas de conocimiento cabal del expediente, solicitar la denegación de un medio de prueba que ha sido aprobado en dos ocasiones, por la sede y la propia fiscalía”, reprochó la defensa de Peirano en el escrito presentado esta semana. Insistió en que considera que la prueba “es de gran importancia para determinar la inocencia o culpabilidad” del defendido.
Por otra parte, señaló que sí “está de acuerdo” con Pacheco respecto a que el proceso excedió un plazo razonable, y pidió que, “de acuerdo a lo manifestado en el dictamen fiscal” sobre la violación del derecho a un plazo razonable en el proceso penal consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “se disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones”.
En caso de que la jueza Tórtora no cierre la causa, Sellanes pide que ordene nuevamente el diligenciamiento del exhorto a Estados Unidos.
En agosto de 2018, la Justicia argentina solicitó a Uruguay la extradición del empresario Juan Peirano Basso, que enfrenta cargos allí por asociación ilícita tras el cierre del grupo bancario Velox.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina investiga desde 2015 una denuncia por lavado de dinero y asociación ilícita presentada por el abogado Mariano Moyano en nombre de un grupo de ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB).
Estos ahorristas reclaman que el empresario pague 33 millones de dólares surgidos de una sentencia en su contra que data del año 2005, producto del cierre de las empresas que el grupo Peirano tenía en varios países.
Hasta la debacle de 2002, el Grupo Peirano poseía o controlaba las siguientes empresas:
En Uruguay
Banco de Montevideo (desde 1991).
Banco La Caja Obrera (desde 2001).
Indumex Casa de Cambio.
Cambio Libertad.
Capital AFAP.
Terminal Tres Cruces (Gralado S.A.).
Compañía Oriental de Transporte S.A. (COT).
Establecimiento Juanicó.
Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce.
Sociedad Comercial Estancia Santa Elena.
Balmoral Plaza Hotel.
Mtg Urzatron.
En otros países
Banco Alemán de Paraguay (desde 1989).
Financiera Parapití (Paraguay).
Shopping del Sol (Paraguay).
Banco Velox (Argentina, desde 1983).
Supermercados Disco (Argentina).
Techint (Argentina).
Siderar (Argentina).
Estancias Los Chorrillos y Los Quinqués (Argentina).
Supermercados Santa Isabel (en Chile y Perú).
Finambras Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliarios (Brasil).
Trade & Commerce Bank (Islas Caimán, desde 1988).