El comisionado parlamentario Juan Manuel Petit dijo que “se trata de un pequeño paso” pero que “la señal es clara” y “si una cárcel está por debajo de los estándares mínimos, la Justicia puede obligar a que eso cambie y la pueda incluso cerrar”.
La Justicia aceptó el habeas corpus para mejoras en la cárcel de Santiago Vázquez, luego de que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit presentara un recurso para cerrar dos sectores del Módulo 8, debido a las condiciones de “hacinamiento crítico” del lugar.
Petit presentó este recurso con el patrocinio de la clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de UdelaR luego de tres años de monitoreo llegándose a la conclusión de que lo mejor es el cierre de los sectores C1 y C2 del citado módulo del complejo carcelario, donde hay unos 140 reclusos que en general no tienen condena.
“Tomamos esto con gran pobreza de espíritu. Eso es, saber que se trata de un pequeño paso, que simplemente cumplimos con nuestra obligación de presentar el habeas corpus al Poder Judicial luego de tres años y medio de señalar las malas condiciones del Módulo 8 del COMCAR. Respetamos mucho a nuestras contrapartes, la Administración Penitenciaria, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación, y sigo señalando que hacen un enorme esfuerzo y un buen trabajo con los recursos que tienen. Pero la realidad se conforma del accionar y el contrapunto de los distintos actores institucionales, y nuestro rol es señalar y denunciar aquellos lugares que están por fuera, muy por fuera en este caso, de los estándares mínimos de derechos humanos” dijo el comisionado parlamentario en declaraciones recogidas por la página web del Parlamento.
Petit sostuvo que esta sentencia da paso a un nuevo tiempo: “La señal es clara, si una cárcel está por debajo de los estándares mínimos, la Justicia puede obligar a que eso cambie y la pueda incluso cerrar”.
“Creo que la sentencia es una enorme oportunidad para que el Ministerio del Interior canalice recursos, humanos, financieros y logísticos, y para que se hagan presentes otras partes del Estado que deben estar dentro de las cárceles con mucha mayor presencia que la que tienen hoy: el sistema educativo y de capacitación profesional, la salud, los programas sociales, las propias intendencias. Esto no solo no va en contra del plan de reorganización que ha elaborado el INR, esto lo ayuda a superar las peores condiciones de reclusión y a obtener recursos que ahora no tiene, porque hay una sentencia del Poder Judicial que obliga a mejorar esas condiciones de reclusión que no se pudieron superar todavía”, señaló.
El comisionado parlamentario dijo que “de ninguna manera es un juicio a la gestión” del Ministerio del Interior, sino que “es una acción concreta, un instrumento institucional al que nos iremos acostumbrando ante situaciones graves, es el siglo XXI que nos golpea la puerta y nos dice que las cárceles tienen que ser un espacio de generación de capacidades pro sociales”.
“No es de ninguna manera una crítica a la gestión pues siempre he dicho y sigo diciendo que la reforma penitenciaria iniciada en 2010 es un hito en la historia penitenciaria, tengo una valoración muy positiva sobre ella, sin dudas desde ese momento se introdujeron cambios fundamentales, ingresó más salud pública, se construyeron nuevas unidades, se bajó el hacinamiento, hay más educación, se combate con pautas claras la corrupción, los malos tratos, se generaron programas de rehabilitación. Pero también digo que es un viaje no terminado, que seguimos por debajo de mínimos en buena parte del sistema. Y sobre eso tenemos que hacer cosas ya mismo, cada uno desde su rol y con su mandato”, concluyó.
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