Fiscalía solicitó el procesamiento con prisión de nueve ex jerarcas y oficiales por este y otros actos de corrupción.
Fiscalía de Artigas solicitó el procesamiento con prisión de nueve ex jerarcas y oficiales de Policía por presuntos actos de corrupción. El dictamen fiscal señala que “en la Jefatura de Policía de Artigas, durante un largo período de tiempo al mando del ex jefe de Policía Inspector Principal H.F.M, se han configurado numerosos hechos que encuadran en la definición de Actos de Corrupción Pública”.
Entre ellos, está semiplenamente probada la utilización de mano de obra de personas privadas de libertad, quienes no contaban con salidas transitorias autorizadas por la Justicia, por haber cometido delitos graves y estar recientemente procesados, para construcción y reparaciones en las viviendas de jerarcas y otros funcionarios.
Los reclusos eran retirados de la cárcel y devueltos por los propios jerarcas, quienes utilizaban la mano de obra de estos. En algunos casos se efectuaba “un pago mínimo” y en otros se les prometía que se les iba a redimir pena, “con notoria mala fe” por no ser esto competencia de los funcionarios policiales.
El dictamen señala que los procesados “obtenían un provecho injusto derivado de la mano de obra gratuita en algunos casos y a cambio de una suma vil en otros, en claro abuso de sus funciones”.
Por otra parte, surge que durante casi 20 años y hasta el ingreso de las actuales autoridades, funcionó una “Comisión Administradora”, sin el aval del Ministerio del Interior, cuyo cometido era “administrar” las actividades de tipo comercial que la unidad ejecutora realizaba, así como el producto y las ganancias generadas por la misma, todo ello al margen de la ley.
Durante el funcionamiento de esa comisión, surge semiplenamente probado que se arrendaban bienes inmuebles que eran del Estado, destinados al uso de la Jefatura, como destacamentos policiales.
También se explotaba comercialmente la Panadería y Carnicería Policial, “desviando claramente el destino de las mismas, consistente en el abastecimiento interno de funcionarios policiales y personas privadas de libertad”. Se comercializaba lo producido en ambos lugares y se vendió maquinaria perteneciente a la Panadería, como el horno industrial y la amasadora industrial.
Por otra parte, el dictamen señala que los procesados faenaron y comercializaron ovejas y lana y que realizaron “numerosas compras” en free shops y en comercios fuera del país.
No sólo utilizaron personas privadas de libertad para trabajar, sino también funcionarios policiales, a los que se les encomendó la realización de trabajos de sanitaria, electricidad, albañilería, etc, en las viviendas particulares de los jerarcas y funcionarios, dentro del horario laboral y sin compensación extra.
Por último, sostiene que las utilidades y ganancias de todas las actividades irregulares constatadas, que debían ser volcadas a Rentas Generales, fueron en “gran parte utilizadas en beneficio personal de los jerarcas investigados, causando un grave daño al erario del Estado”.