Felipe Algorta, director de UTE, dijo que se buscarán soluciones para la gente que acumuló deuda debido a la actual crisis.

El abogado Felipe Algorta, director oficialista de UTE, fue el entrevistado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM.

Durante el reportaje, el anfitrión quiso saber si en el controvertido tema de Gas Sayago, UTE evalúa demandar por lo civil (además de la vía penal) con el objetivo de recuperar algo del dinero perdido, que sería del orden de los 213 millones de dólares.

“Ojalá fuera una inversión, eso es todo pasivo económico y pasivo ambiental, fue un proyecto que desde el inicio”, dijo el funcionario, para referirse luego a la también controvertida auditoría -o informe- que el ente encargó sobre el tema.

“Como nuevo directorio solicitamos en junio de 2020 una auditoría, hicimos las quince preguntas que queríamos hacer para poner foco en este proyecto y eso fue lo que se licitó , y la empresa Price salió adjudicataria. Hace pocas semanas nos entregaron el informe de 600 páginas, detallado, extenso, importante, y sobre eso sacamos las conclusiones y por eso decidimos ir a la justicia penal, en el entendido de que había suficiente mérito. Es parte de nuestra obligación como funcionarios públicos y nuestra obligación moral también, porque encontrar las respuestas de este proyecto fracasado era una promesa de campaña”, explicó.

Además, dijo que de dicha auditoría no se obtuvo “sólo información, sino también preguntas para hacerles a los que llevaron adelante el proyecto”.

Entrevista adelante se abordaron otros temas, como el paulatino desmantelamiento de la obsoleta Central Batlle, que hoy se enciende “muy de vez en cuando” y sólo en momentos pico de consumo.

Luego Vaneskahian recordó que UTE “ha pasado por todos los mensajes” desde el “usemos todo eléctrico” de la década de los 90, hasta otros que invitaban a un uso morigerado de la energía eléctrica.

Según Algorta, “uno de los planes que tenemos es Uruguay 100% eléctrico”, y luego se refirió a una iniciativa que se pondrá en marcha este mismo año.

“En Uruguay hay gente que está de la línea, y un kilómetro de línea vale alrededor de 10.000 dólares”. A las personas en esa situación “estamos previendo darles un kit de paneles solares fotovoltaicos y que de esta manera puedan generar energía y tener luz . En ese plan les vamos a incorporar una heladera eficiente”, añadió.

El jerarca aseguró que esto comenzará a implementarse a partir de octubre y que no requerirá ninguna inversión inicial del usuario. “Todo va a ir financiado en la factura”, aseveró.
Luego destacó la implantación del Plan Inteligente, que ofrece tarifas diferenciadas por horario. “Eso le bajó la tarifa a la gente. Los que lo usan, ahora pagan menos”, remarcó.

Más adelante se abordó el tema de la suspensión de los cortes a los morosos debido a la situación de emergencia,, y Algorta recordó que desde el inicio de la pandemia, UTE no hizo ningún corte de energía a nivel domiciliario debido a moras.

“La estrategia ha sido financiar, hemos buscado alternativas para que la gente pueda pagar, porque en algún momento tendrá que hacerlo.

En cuanto al momento en que terminará esta situación excepcional, Algorta dijo no saberlo, aunque coincidió con el entrevistador en que bien podría coincidir con el momento en el que el gobierno de por terminada la alerta sanitaria.

Pese a ello, consideró prematuro hablar de posibles amnistías, ya que “si yo dijera ahora que que va a haber una amnistía, en cuestión de meses hay que cerrar la UTE porque nadie paga”. En cuanto a la situación de corte (que se considera luego de dos facturas impagas) actualmente hay unos 50.000 abonados, aproximadamente el doble que en tiempos anteriores a la pandemia.

Finalmente, la entrevista derivó hacia las numerosas personas que están “colgadas” de a red o “puenteadas” (estos últimos mediante mecanismo como la manipulación de medidores).

“Es uno de los temas más interesantes y que nos llamó la atención cuando empezamos, porque había casi un 20% de pérdidas (no toda atribuible a estos casos), y no podemos mirar para el costado, porque ara política social tenemos el Plan de Inclusión: que la gente se cuelgue no puede ser nunca una política social de la empresa”, sostuvo.

Entre as diferentes medidas que se barajan para combatir esa situación, se piensa en una suerte de criba para discriminar “a los que realmente están mal” del resto, dado que en esto “también hay una cultura”.

También se consideran estrategias técnicas como “nuevas conexiones y transformadores” que dificulten las conexiones ilegales. Con esos cambios, la persona que tire un cable clandestino hacia la red no recibirá energía.

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