El jerarca policial fue cesado este miércoles, después de que se lo vinculara con el caso del exsenador acusado de varios delitos sexuales.
Imputaron al exdirector del ex Comcar Carlos Taroco por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelaciones secretas, informó Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar).
La Justicia dictó a última hora de este jueves la prisión preventiva por 120 días para el funcionario policial.
Taroco fue cesado de su cargo este miércoles por el Ministerio del Interior, después de que fuera detenido el pasado martes a pedido de la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, quien entendió que el jerarca policial formó parte de una investigación paralela junto con policías y colaboradores de Penadés para entorpecer el trabajo de Fiscalía.
Según informó el Ministerio Público, la investigación fue formalizada y se discuten las medidas cautelares que deberá dictar la jueza para con el funcionario policial.
Taroco había asumido el mando del centro penitenciario hace poco más de un año, en julio de 2022, luego de que se comprobara que el jerarca que estaba antes, Anthony Vallejo, había construido un parrillero con material de la cárcel y valiéndose de la mano de obra de presos.
Antes, el jerarca estaba ejerciendo funciones en la Dirección de Información Táctica.
De la investigación de Fiscalía surge que Taroco dio órdenes directas a un policía de confianza para que se reuniera con Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de Penadés, para preguntarle datos sobre el resto de las víctimas.
En rueda de prensa, Ghione señaló el pasado martes que hubo amenazas y seguimientos a las víctimas, a partir de un plan que llevó adelante Penadés junto con colaborades y policías.
“Entendemos que existe una estafa procesal. El plan del que hablaba el senador Penadés desde el inicio es un plan armado por él con información pública, con colaboración de asesores y de policías”, señaló Ghione sobre la colaboración de Taroco con el exsenador.
Según la investigadora, Penadés y sus asesores armaron un “flujograma” para establecer vínculos, y que fue realizado a partir de información pública y policial.
En el Código Penal, el delito de cohecho calificado se da cuando un “funcionario público recibe o acepta una promesa de recibir dinero u otro provecho por sí mismo o por otro, para sí o para otro, para retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo”.