Desde el comando del precandidato nacionalista defienden que el objetivo es convocar a la ciudadanía a descargar el programa de gobierno.
El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía se sumó a los cuestionamientos realizados por el politólogo Daniel Chasquetti, vinculado al incumplimiento de la Ley de Regulación de la Publicidad Electoral que, según ambos, el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado no esta cumpliendo.
“Avísenle a Álvaro Delgado que metió un aviso de cinco minutos en televisión abierta. Es cuestión de tener plata, no de cumplir la ley. Al menos para algunos”, apuntó Mahía en la red social X (antes Twitter).
Según establece el artículo 1º de la Ley 17.045: “Los partidos políticos podrían iniciar su publicidad electoral en los medios de radiofusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita, solo a partir de 30 días para las elecciones internas, 30 días para las nacionales, 15 días en caso de balotaje y 30 previos a las departamentales”.
Chasquetti, por su parte, cuestionó que la ley “no sirve para nada, nadie la cumple”.
Y recordó que el artículo 7 de la normativa consigna que debe ser la Corte Electoral la encargada de velar para que dicha ley se cumpla.
Sin embargo, publicidades de otros candidatos se han podido ver en canales privados y medios de radiodifusión en las últimas semanas, sobre todo en redes sociales, como TikTok y Meta (Instagram, WhatsApp y Facebook).
En el caso de los canales privados, por ejemplo, la ley establece que quedan excluidas de las limitaciones establecidas “la difusión de información sobre actos políticos y actividades habituales del funcionamiento de los partidos, así como la realización de entrevistas periodistas”.
En esta línea, algunos precandidatos, como por ejemplo el colorado Andrés Ojeda —entre otros—, han utilizado la excepción que establece el artículo 2, citando sobre el final del anuncio publicitario a un acto en particular.
En diálogo con Montevideo Portal, el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena dijo que el organismo no ha recibido formalmente ninguna denuncia por esta situación y que no actúa de oficio, sino cuando hay algún caso puntual que sea presentado y cuestionado ante la Corte.
En tanto, desde el comando de Álvaro Delgado defendieron que la publicidad está dentro de los márgenes de la ley porque se trata de “un call to action [llamar a la acción]”.
Argumentaron que el objetivo es convocar a la ciudadanía a descargar el programa de gobierno del precandidato nacionalista, que fue presentado el pasado 2 de mayo.
El reclamo de Andebu
Sobre este tema y esta ley en particular, La Diaria informó a principios de abril que la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) presentó una carta ante la Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia, para que se reconsideré la ley vigente.
La gremial, que agrupa a Canal 4, 10 y 12, Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal y radios como Oriental, Carve, Sport 890, entre otras, pidió que se derogara el artículo primero de la Ley 17.045.
Para Andebu, resulta “llamativo” que en pleno 2024 la prohibición solo exista para medios de radio, televisión y prensa, cuando ya se han realizado inversiones en publicidad electoral en internet a través de plataformas digitales y redes sociales internacionales.
“La propaganda electoral también se vehiculiza desde hace meses a través de diversos formatos publicitarios dispuestos en la vía pública y en espacios privados abiertos a la concurrencia del público”, apuntó Andebu.
En esta línea, la gremial indicó que la normativa vigente es “anacrónica e inútil”, ya que no cumple con el objetivo primario. A su vez, según consignó La Diaria, agregan que la normativa “es notoriamente perjudicial para los medios de comunicación tradiciones”, dado que se “impide que reciban recursos económicos que podrían contribuir a su sostenibilidad y desarrollo”.
Por otra parte, apuntan que se “favorece a las grandes plataformas digitales internacionales con sedes y cuentas bancarias en distintas partes del planeta”.
“Parece a esta altura una obviedad mencionarlo, pero dichas empresas no generan ningún empleo genuino en el país, no pagan impuestos ni producen beneficios económicos”, señalaba la misiva.